AUMENTAN DENUNCIAS Aire tóxico: acusaciones cruzadas sobre plaguicidas

El debate sobre los efectos de los plaguicidas en la salud humana se instaló en Uruguay, donde aún no se hacen análisis clínicos ni estudios epidemiológicos. La academia acusa a las autoridades, las autoridades se reclaman entre sí, y las denuncias de los vecinos se disparan.

Seguramente no suceda con la manzana, la papa, la cebolla o el durazno. Pero tal vez sí ocurra con el perejil, el tomate, la chaucha, el repollo, la rúcula o la albahaca: en Uruguay, para muchos de los cultivos "menores" no hay plaguicidas específicos registrados porque las empresas que los comercializan no han tenido interés en hacerlo. Como consecuencia, los productores no tienen otra que aplicar plaguicidas avalados para otros cultivos. Estiman dosis y tiempos de espera a su criterio. Si la plaga cede, siguen adelante. Si no tienen resultados, prueban alternativas. La huella de esta experimentación queda en las frutas y verduras que comemos. Es invisible, sí, ¿pero qué daño nos genera?

La voz de alarma la dio el ingeniero agrónomo Pedro Mondino, docente e investigador en el Departamento de Protección Vegetal de la Facultad de Agronomía, durante un foro que se realizó el viernes 14 entre académicos y autoridades. La actividad se llamó "Impactos y análisis de plaguicidas en humanos en Uruguay" y tuvo lugar en el Palacio Legislativo.

Allí Mondino habló de un "uso ilegal" de productos no autorizados. Dijo que el hecho de que haya residuos de agroquímicos en lo que comemos, o no, "es una mera casualidad". Y para este informe, agregó: "Es un uso temerario, a ciegas", pero no por "maldad", sino más bien porque los productores no ven otra "salida".

Mondino puso la bomba pero no escuchó el estallido, porque en el foro, que desarrolló el Núcleo Interdisciplinario Colectivo TÁ junto a la senadora blanca Carol Aviaga, no hubo representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). De la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), que se ocupa entre otras cosas del registro y control de agroquímicos, mandaron una carta excusándose de la ausencia por motivos de agenda y saludando la actividad.

Con el paso de los días comenzaron los ecos. "Sí, es así", dijo el también ingeniero agrónomo Pablo Pacheco, especialista en calidad de frutas y hortalizas del Mercado Modelo. La "característica burocrática del registro", que depende de iniciativas comerciales, se traduce en los hechos en "falta de información" para los productores e "incumplimiento de la normativa". Sin embargo, lo que le preocupa a Pacheco es que los residuos de plaguicidas estén en el espectro de lo aceptado por el Codex Alimentario. "Si la inocuidad no se altera, no me importa. No es problema mío", planteó Pacheco.

Desde Roma, donde participa de una actividad de la FAO, el ingeniero Federico Montes, titular de la DGSA, rechazó que su ausencia se pueda entender como un acto de "negligencia o desinterés". "Por el contrario, reafirmamos nuestro compromiso con políticas de intensificación sostenible que arrancan en los cuidados de la salud y el medio ambiente", escribió.

Montes también reconoció el problema que destapó Mondino: "Es cierto que los productores de los llamados cultivos menores necesitan contar con agroquímicos registrados para su uso. Según el decreto 149/977, dichos registros solo los pueden hacer empresas o personas jurídicas. Quiere decir que no es el MGAP el responsable de registrar productos para determinados usos. Insisto. Son las empresas las que deben presentar la solicitud".

El jerarca mencionó que puede haber situaciones similares en otros rubros, como el de un grupo de consumidores que quiere contar en el mercado con un champú para controlar la caspa y no lo consigue porque no está registrado. "En ese caso, ¿es obligación del Ministerio de Salud (MSP) registrar el champú anticaspa, con tal o cual marca comercial, sin que las empresas propietarias de la marca estén de acuerdo?", se preguntó.

Es cierto: este mismo problema se da con algunos medicamentos que son clave para ciertas enfermedades, pero los laboratorios no muestran interés en el mercado uruguayo. Amparado en decretos regulatorios, el MSP ha tomado la misma postura que el MGAP. Sin embargo, en más de una oportunidad la Justicia ha obligado a las autoridades sanitarias a tomar una actitud proactiva para conseguir los medicamentos a como dé lugar.

"No es un tema fácil", concede Mondino, el disparador de la polémica. "Uno no puede obligar a las empresas a vender algo que no les resulta productivo". De todas formas, cree que "habría que pensar en algún sistema de registro diferente o hacer habilitaciones parciales para ciertos cultivos o frente a determinada plaga".

Controles y reclamos entre salud y ganadería

Los plaguicidas y sus efectos (en su mayoría inciertos) para la población dividen aguas incluso entre integrantes del gobierno. Carmen Ciganda, directora de Salud Ambiental y Ocupacional de Salud Pública, reclamó públicamente ser parte en el proceso de aprobación de los agroquímicos. Pero desde el MGAP, el titular de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), Federico Montes, respondió que la solicitud nunca fue formal y dijo a El País: "El MGAP basa su trabajo en el marco legal vigente, que establece que el registro y la autorización de venta de los productos fitosanitarios de uso agrícola se gestionarán ante la DGSA". El registro de un agroquímico pasa por etapas de evaluación química, toxicológica y agronómica. La división cuenta con 10 funcionarios para controlar a productores, aplicadores y empresas vendedoras de agroquímicos.

Ansiados datos.

Entonces, aquella huella invisible que tan difícil resulta borrar, ¿nos está dañando o no? Sobre esto, desde la academia también tiran dardos hacia los organismos involucrados.

"En cuanto a alimentos, Bromatología de la Intendencia de Montevideo toma muestras en el Mercado Modelo pero sus resultados no son públicos ni claros. Nosotros pedimos información y nos dieron un informe que era una vergüenza. Una fotocopia en blanco y negro en la que no se especificaba de qué verdura se hacía la muestra. Por uno o dos años, además, no había registro de datos", aseguró para este informe Pablo Galeano, docente de la Facultad de Química y miembro del Núcleo Interdisciplinario Colectivo TÁ. "Mientras no haya monitoreos serios y sistematizados, vamos a estar en la chiquita", agregó.

Galeano sabe que "la industria dice que la presencia de residuos de plaguicidas está dentro de lo permitido por el Codex". Pero estos parámetros, establecidos por la FAO y la OMS y adoptados por el MSP, no son los únicos, y las reglamentaciones de la Unión Europea, por ejemplo, manejan otros valores.

Pablo Pacheco, del Mercado Modelo, no suele hablar con los medios sobre este asunto por los "prejuicios" que hay. Sin embargo, esta vez quiere resaltar que el peligro que corren quienes se exponen directamente a los plaguicidas es "mucho mayor" que el que enfrentan quienes consumen un alimento con el residuo de un producto que fue diluido en agua y que sufrió efectos ambientales varios —lluvia, Sol— que degradaron su molécula.

"No es que esté todo bien", aclara, y "por eso hay límites establecidos". En ese sentido, procuró transmitir tranquilidad: "En los últimos 386 análisis, realizados en 2017, hubo una sola muestra no reglamentaria". Otros años ha habido peores resultados. En esos casos, el protocolo indica que hay que visitar la chacra e identificar la raíz del problema. Y si hay una segunda muestra negativa, se comunica a la DGSA para que aplique una sanción.

El Mercado Modelo hace su análisis, las cadenas de supermercados también, y a su vez Bromatología toma muestras en puntos de venta minoristas. Los análisis son muy caros —en el mercado van de los 250 a los 600 dólares—, pero en el laboratorio de Bromatología el Mercado Modelo los hace al costo. Allí es donde tienen la mejor capacidad de respuesta a la demanda. Sin embargo, ahora hace seis semanas que no se analizan muestras porque los equipos están en mantenimiento.

Pacheco contó que la toma de muestras se hace por iniciativa del Mercado Modelo desde 2004 (con algunos períodos de interrupciones). En aquel momento "no había mucha institucionalidad ni información sobre el tema, y se quiso empezar a generarla". Antes había un "absoluto desconocimiento" y reinaba la percepción de que era "una cancha libre, sin juez": qué producto usar, en qué dosis, todo quedaba sujeto a la responsabilidad individual. A su juicio, se ha evolucionado mucho en cuanto al control y las buenas prácticas agrícolas, y la cantidad y el tipo de productos que se usan en frutas y verduras conllevan una seguridad mucho mayor que 20 o 30 años atrás.

El proceso que describe Pacheco coincide con otro que viene haciendo la DGSA. A nivel mundial existen unos 900 principios activos registrados, dice Montes, pero Uruguay cuenta con 300. "Y como estamos ocupados en promover sistemas de producción sostenibles con la salud y el ambiente, en diciembre de 2016 eliminamos del registro al 75% de los principios altamente tóxicos para el ser humano. Hoy quedan principalmente los que se usan para tratamientos de desinfección requeridos por protocolos internacionales", aseguró.

Mientras tanto, las denuncias por presunto uso indebido de agroquímicos en la DGSA vienen en aumento sostenido desde 2011, con excepción de 2016 cuando se registró una baja. En 2017, año récord en cantidad de denuncias, hubo 166. Y en los primeros dos meses de 2018 se recibieron 23. Montes aclaró que solo el 10% de las denuncias se confirman.

Ansiados estudios.

Carol Aviaga no tiene formación en temas ambientales, pero recibió la misión explícita de Luis Lacalle Pou de "preocuparse y ocuparse" del asunto. Y así lo ha hecho. En los tres años que lleva como senadora presentó tres proyectos de ley: uno para prohibir el uso de herbicidas como controladores de maleza, otro para regular las fumigaciones aéreas y ampliar las zonas prohibidas, y un tercero sobre el etiquetado de alimentos transgénicos, para conocer el "paquete tecnológico" (inclusive el plaguicida) con el que se produjo. Los tres proyectos llevan meses o años encajonados en la comisión de Medio Ambiente.

Jornada “Impactos y análisis de plaguicidas en humanos”. Foto: Parlamento

Ahora Aviaga tiene en proceso una ley nacional de plaguicidas —también el gobierno se propuso hacer una— y planea presentar también "un proyecto de agroecología como visión país". "Voy a seguir en la lucha", anuncia, determinada.

Su derrotero no ha sido fácil, porque además de que el oficialismo la ignora, los colectivos como el TÁ, heterogéneos pero con fuerte arraigo en el oficialismo, le han sido resistentes. Ella asegura que siempre intentó convalidar sus proyectos con ellos para que no se los "bombearan".

Una de sus batallas es contra el MSP para que incorpore análisis de glifosato en fluidos. En 2016 se reunió con Jorge Basso para planteárselo. Según ella, en Argentina y Brasil son baratos y de rutina. Al tiempo volvió a insistir con Basso, que le terminó admitiendo que no era prioritario en el presupuesto. Paso seguido, juntó 1.500 firmas y le presentó el pedido al presidente Tabaré Vázquez. Nunca le contestó.

"Lo que queremos es saber dónde estamos parados desde el punto de vista epidemiológico; conocer el impacto del uso masivo de plaguicidas en la salud humana, tanto de los que están expuestos directa como indirectamente; y estimular alternativas productivas, de las que hay experiencias acá y en otros países, y planificar etapas de transición", resume.

Amalia Laborde, directora del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), expuso en el foro que el centro recibe unas 300 denuncias por año vinculadas a cuadros de intoxicación por agroquímicos. En la mayoría de los casos (83%) se desarrollan cuadros leves, el 9% presenta una gravedad moderada y el 6%, severa, de acuerdo a un relevamiento que si bien toma datos entre 2002 y 2011, conserva vigencia según ella. El 2% de los intoxicados por plaguicidas tuvo desenlace fatal, pero en todos estos casos se comprobó intención suicida con el producto.

La especialista añadió que la mayoría de las intoxicaciones se producen por accidentes o manipulación indebida en el ámbito laboral, por lo que sus víctimas son los funcionarios que aplican los plaguicidas. Por "contaminación ambiental", el CIAT ha recibido poco más 70 casos en 10 años y solo dos presentaban gravedad moderada o severa. Laborde cree que puede haber subdiagnóstico porque la población no tiene muy claro a dónde recurrir o los médicos omiten reportar los casos a CIAT.

Los estudios en busca de efectos a largo plazo de la exposición a plaguicidas en la salud humana son un debe en Uruguay, pero no en la región. En el foro, el investigador argentino Damián Verzeñassi, de la Universidad Nacional de Rosario, presentó los resultados de un estudio de largo aliento en el que comprobó la relación directa entre la exposición continuada a plaguicidas y enfermedades crónicas como cáncer, hipertensión e hipotiroidismo. El dato más llamativo refiere a lo oncológico: mientras en el total de la población argentina la incidencia del cáncer es de 217 cada 100.000 habitantes, en una muestra de 27 localidades estrechamente vinculadas a la producción de soja y otros cultivos que implican uso extensivo de agroquímicos, la tasa trepa a 397 cada 100.000 habitantes.

Tras la jornada, los técnicos uruguayos y extranjeros acordaron seguir en contacto. Dicen que es una alianza, no una guerra, aunque algo está claro: el tema de los plaguicidas irrita, y mucho.

El dilema en cuatro casos

Lago Merín

Denuncias, temor e incertidumbre

Fernanda iba en moto por Ruta 18 de Lago Merín a Río Branco (Cerro Largo). Una avioneta fumigaba un cultivo de arroz lindero. Era el 12 de diciembre pasado cuando el piloto hizo una mala maniobra; tenía el dispensador abierto y roció a Fernanda con herbicida. A pesar del casco, la mujer sintió tos y mareos. Paró y comenzó a vomitar. "Hasta ahora tengo dolores de cabeza y ardor en el esófago", asegura. El 15 de febrero hubo otra fumigación cerca del balneario. Beatriz Martínez repartía la correspondencia y vio la avioneta o más bien la sintió: "Había un olor a zorrillo espantoso", recuerda. Algunos vecinos hicieron la denuncia y el MGAP determinó que la fumigación se hizo respetando las normas. Disconformes, los lugareños recurrieron a la bióloga Graciela Piñeiro, quien tomó muestras y testimonios y presentó denuncia a la Dinama. Fernanda estuvo 10 horas en observación. Su caso fue denunciado al CIAT pero no hubo seguimiento. "No me hicieron más estudios". La mujer, de 50 años, tiene temor. "Dicen que lo que me pasó es grave, que me puede venir un cáncer".

Guichón

Un pueblo pionero contra "los mosquitos"

El grupo "Vecinos de Guichón por los bienes naturales" denuncia desde 2011 el uso inapropiado de plaguicidas. La ciudad sanducera está rodeada de cultivos de soja y forestación. "Se hacían fumigaciones aéreas sin respeto por las distancias", asegura Marcelo Fagúndez, uno de sus referentes y exedil de Paysandú. El colectivo recopila casos no solo de la localidad, sino de otras zonas. En los últimos cuatro años presentó 14 denuncias. La última refiere a la escuela 34 de Zanja Honda (San José), que tiene un cultivo de soja transgénica (por lo tanto fumigada) a 20 metros, cuando debería estar a 500. "Tuvimos respuestas de algunos organismos, pero con otros es imposible", dice Fagúndez, y carga contra la Dirección General de Servicios Agrícolas, organismo del MGAP encargado de fiscalizar el uso de plaguicidas. "Nos hacen ir a Montevideo (400 kilómetros ida y vuelta) a firmar las denuncias. Hemos intentado hablar con el director (Federico Montes) y es más fácil comunicarse con el Papa. Nunca tuvimos suerte. Otros funcionarios nos han destratado", dice.

Paso Picón

El hombre que se frotó glifosato (y vive)

Máximo Castilla, médico y productor, estuvo en el centro de la polémica tras haber sido denunciado por vecinos en Paso Picón (Canelones) por uso indebido de plaguicidas en sus cultivos de soja. A tres años de las primeras multas, hoy Castilla ha modificado su producción. En 140 de sus 510 hectáreas no puede fumigar para respetar las distancias reglamentarias con el centro poblado. "Perdí el 30% de mi capacidad productiva. En esa zona sembré sorgo, pero sin plaguicida es imposible", dice e insiste en que fue víctima de una campaña. El caso sigue en la Justicia, donde Castilla reclama que le levanten multas millonarias del MSP y la intendencia. En 2016, una foto de Fernando Ponzetto (El País) le puso rostro al problema: Castilla se frotó glifosato (el herbicida más usado) en manos y cara. "Hice una demostración. La gente de la ciudad ve el glifosato como si fuera bomba atómica. Nosotros convivimos con él. Es de venta libre, se compra como la lavandina. No digo que sea saludable, ni siquiera inocuo. Pero tampoco es el monstruo que quieren vender", asegura.

Laguna del Cisne

Denuncias terminaron con los plaguicidas

En 2016, vecinos de Laguna del Cisne (Canelones) se comunicaron con la senadora blanca Carol Aviaga, que ha hecho bandera de los temas medioambientales. Los vecinos decían que estaban intoxicados por fumigación directa. Aviaga acompañó a una señora al médico y escuchó cómo le diagnosticaba "infección respiratoria" sin preguntarle sus antecedentes. La mujer tenía los síntomas típicos que genera la exposición al glifosato: dificultades respiratorias, alergia, vómitos. Ante la insistencia de la senadora, el doctor pidió la historia clínica de la paciente y comprobó que ya había pasado por un estado similar luego de haber estado expuesta a plaguicidas. Llamó al CIAT e hizo la denuncia. No se le pidió ningún análisis, y la señora se volvió a su casa. Durante 2016, la zona, que fue declarada área protegida, acumuló denuncias de vecinos por fumigaciones que afectaban el agua de la cuenca. La tensión derivó en que a finales de ese año la Intendencia de Canelones decidió profundizar las medidas cautelares de protección y prohibir los plaguicidas allí.

Información extraída de diario el Pais

Uso de agrotóxicos: resultado preocupante

María Isabel Cárcamo

Diciembre 2015

Estamos en la época propicia para la realización de balances. Si efectuamos el de la política agropecuaria que lleva adelante el país, el resultado es alarmante

Uso de agrotóxicos

En paralelo con la extensión agrícola y forestal en nuestro país ha habido un aumento del uso de los agrotóxicos y dentro de ellos el glifosato. El uso de este herbicida supera el 50% de los utilizados en Uruguay, no solo en los cultivos de secano como la soja y otros, sino también en la forestación y la ganadería.

En este balance hay que registrar que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó el 20 de marzo pasado de la clasificación del glifosato en la categoría 2A, lo que indica que se trata de un posible cancerígeno.

El segundo herbicida más usado es el 2,4D, al que el 22 de Junio pasado la IARC también lo clasificó como posiblemente cancerígeno, para los seres humanos.

El uso del 2,4-D se ha incrementado en los últimos años, debido a que las plantas silvestres se han hecho resistentes al glifosato. Por esta razón, la industria biotecnológica recomienda aumentar la dosis y mezclarlo con otros herbicidas como el 2,4-D, al tiempo que experimenta con variedades transgénicas con el objetivo de hacerlas tolerantes también a dicho herbicida.

O sea: dos herbicidas ampliamente utilizados en nuestro país han sido clasificados como posibles cancerígenos y ni siquiera se analiza su prohibición. A los herbicidas se le agrega el uso y abuso de insecticidas y funguicidas altamente tóxicos tanto en la agricultura como en la forestación.

Cultivos transgénicos

Distintas variedades de soja y maíz transgénico con tolerancia a distintos herbicidas y resistencia a insecticidas se cultivan en nuestro país. El resultado es que mayores cantidades de agrotóxicos contaminan suelos, agua y aire.

Nada se ha corregido en el uso intensivo e incontrolado de agrotóxicos y el aumento de la agricultura extensiva y de la forestación, están entre las principales causas de pérdida de biodiversidad.

A su vez, en los cultivos tolerantes a herbicidas (transgénicos) hay una menor rotación de cultivos y diversificación, junto a una lógica tendencia hacia el monocultivo. Como se verifica un desarrollo de malezas resistentes a los herbicidas, los productores recurren a mayores dosis de herbicidas y el uso de otros aún más potentes, un claro ejemplo de esta situación es el aumento del consumo del 2,4 D.

Frente al cambio climático, ¿cómo responde Uruguay?

Desde hace décadas nuestro país apuesta a un modelo forestal y agrícola basado en grandes monocultivos, por un lado de eucaliptos, con el objetivo de alimentar a las dos plantas de celulosa existentes y por otro, a la producción de soja transgénica con destino a la exportación sin ser sometida a la mínima industrialización. Ambos monocultivos están provocado un desastre ambiental al sustituir ecosistemas, como son el monte nativo y las praderas naturales, por grandes monocultivos.

Respecto al cambio climático, los monocultivos son parte importante del problema. Mitigar sus impactos, sería proteger la biodiversidad en los ecosistemas agrícolas con prácticas más amigables para el medio ambiente y menos dependencia de los agrotóxicos.

Es hora que nuestros gobernantes, en un acto de responsabilidad con la gente y el medio ambiente, dejen de mirar para otro lado y adopten medidas con respecto al uso masivo de estos venenos, impulsando el cambio del actual modelo de producción. No hacerlo convertiría las medidas antitabaco, de las cuales nuestro presidente es abanderado, en una cruel ironía.

Exhortamos al gobierno a actuar con la urgencia que el caso requiere prohibiendo el uso de las sustancias posiblemente cancerígenas, como una de las condiciones imprescindibles para detener la pérdida de biodiversidad, impedir una mayor contaminación del agua, defender la vida y ser responsable con las generaciones futuras.

Visión de un productor fumigado en Canelones

El blog a través de RAPAL Uruguay, comparte “Observaciones sobre el control en la aplicación de agrotóxicos en la soja mediante legislación” escritas por Enrique Gudynas, productor de Toledo, del departamento de Canelones, después de haber sido fumigado, en el momento que estaba trabajando en su campo el día 2 febrero 2015.

Las fumigaciones fueron realizadas con glifosato, insecticida agrole, y el insecticida triflumuron.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), tomó muestras el día 3 de marzo, realizó análisis del campo fumigado y encontró residuos de glifosato, siendo esto prueba suficiente para constatar la deriva.

La deriva, provocó daños importantes en la visión de Gudynas, que hasta la fecha continúa afectado. La denuncia de lo sucedido fue realizada en el MGAP, Ministerio de Salud Pública de Canelones y Montevideo. También fue atendido por el Centro de Toxicología del Uruguay.

Observaciones sobre el control en la aplicación de agrotóxicos en la soja mediante legislación

1. - La soja ha tenido un desarrollo explosivo, más que otros productos cultivados en la tierra.

2. - En Canelones y Montevideo se planta soja, en baja cantidad pero con gran afección del entorno. Dada la gran concentración de población y caminos es inconveniente realizar plantaciones en estos departamentos sin tomar medidas muy especiales.

3.- No se puede correr detrás del glifosato o de otros productos que invente la industria. Las autoridades no se definen entre los impuestos que recaudan y los males que producen el glifosato u otros venenos que se aplican.

4. - El uso de los agrotóxicos es una actividad peligrosa que es necesaria controlar, confinar, para alejarla de la gente y del agua que sirve a la población.

5. - La plantación de soja está ligada necesariamente al uso de agrotóxicos

6. - Es necesario prohibir la siembra a menos de 300 metros de los límites externos e internos del predio de cultivo, por lo tanto de los vecinos y las calles públicas linderas.

7. - Ampliar a 300 metros la distancia de plantaciones respecto a las corrientes naturales o fuentes superficiales de agua a las que se refiere

8. - El aplicador de agrotóxicos, (operador o dueño del cultivo), tiene que recibir cursos de manejo de los productos y ser responsable penalmente por sus actos. Las actividades tienen que estar identificados con carteles de información de fácil lectura pública para su control, por ejemplo; nombre y dirección del plantador y del responsable de la aplicación.

9. - El MGAP tiene que llevar registros especiales de estas actividades, e informar a los vecinos limítrofes que pudiesen ser afectados. A su vez, divulgar la legislación correspondiente, para que ellos mismos sean los inspectores.

Enrique Gudynas

Julio 2015

TODO POR LA SOJA URUGUAY EN NATIONAL GEOGRAPHIC

Autor: DPA Fecha: 2015-02-05

NATIONAL GEOGRAPHIC

La aplicación de herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes en el campo en Uruguay y sus consecuencias empiezan a visualizarse ante la creciente movilización de diversos sectores que denuncian severos impactos en la salud humana, animal y ambiental.

El tema, largamente silenciado, fue abordado recientemente por primera vez por la Institución Nacional de Derechos Humanos, creada en 2008, para "la defensa, promoción y protección, en toda su extensión, de los derechos de todas las personas".

Uruguay es un país de 3.2 millones de habitantes que produce sin embargo alimentos para 29 millones de personas y que históricamente basó su modelo de desarrollo y crecimiento en sus recursos naturales.

El pequeño país sudamericano tiene 16 millones de hectáreas cultivables, pero la expansión acelerada del cultivo de soja y la deforestación amenazan con reducirla a 3 millones.

La soja, que se ha convertido en uno de los principales rubros de exportación, es el sector que más utiliza las fumigaciones aéreas con pesticidas, que no están prohibidas ni reguladas en Uruguay como ocurre en el otros países de Sudamérica o de Europa.

Solamente los gobiernos municipales tienen la potestad de aplicar leyes, un poder que se limita sin embargo a su territorio. De los 19 distritos en que se divide el país, el departamento de Canelones es el único que dispone actualmente de esa herramienta legal.

Durante un encuentro reciente para tratar el tema, pobladores rurales, trabajadores, cooperativistas, pequeños productores, educadores y científicos denunciaron la despoblación de zonas del país por esa causa, tanto de seres humanos como de animales.

Periódicamente se denuncia la muerte de animales, ya sean vacas, corderos, cerdos, peces y empiezan a preocupar las estadísticas sobre los casos de cáncer.

"Actualmente se están utilizando varios herbicidas juntos, ya que muchas malezas se hicieron totalmente resistentes al glifosato", denuncia la toxicóloga Mabel Burger. "Entonces se le agregó el glifosinato y como tampoco alcanza, se le agregó el 2.4-D, que tiene una toxicidad mucho mayor y con efectos crónicos, documentados internacionalmente", explica.

"Dicamba es otro herbicida que se está utilizando, siendo que fue prohibido desde hace décadas en otros países, pero autorizado en Uruguay. Y ahora empiezan a encontrarse nuevos componentes químicos en el agua", denuncia la experta.

La bióloga Graciela Piñeiro apuntó que "los organismos genéticamente modificados en sí son dañinos para la salud humana y para cualquier especie viva, sea animal o vegetal".

"Está comprobado que, al tener entre sus componentes un gen extraño hace que el organismo esté con su sistema inmunológico siempre activo", subrayó la experta.

La proliferación del uso de agrotóxicos en Uruguay está asociado directamente con el desarrollo agroindustrial de los últimos años y también con la extranjerización de la tierra, es decir, la proporción de tierra en manos de empresas multinacionales como Monsanto, Cargil, Bunge, ADP, UAG o Los Grobo, denunció el movimiento Red Amigos de la Tierra.

El director de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Inocencio Bertoni, admitió que "las normas no se cumplen un cien por ciento", por lo que se estima que habrá que recorrer todavía un largo trecho para coordinar acciones y mejorar la situación.

En Uruguay tampoco existe un seguimiento sobre la salud de los pobladores en las zonas afectadas por las fumigaciones, ni revisiones o controles sobre la pureza del agua en reservorios como cañadas, ríos o lagunas, principalmente en las regiones de los plantíos transgénicos.

Por eso, organizaciones sociales diversas, y no solo ambientalistas, reclaman un mapa epidemiológico pautado por este problema y una ley nacional ambiental.

El gobierno ha expresado en varias oportunidades su buena voluntad para llevar a cabo un buena gestión de las aplicaciones, pero reconocen que aún hay muchos vacíos legales.

Declaran cancerígenos 5 pesticidas; algunos son usados en Uruguay

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró este viernes cinco pesticidas como cancerígenos "posibles" o "probables".
En un comunicado, la IARC explicó que se ha publicado un sumario con las evaluaciones finales en la revista "The Lancet Oncology" en el que se detallan los hallazgos de los investigadores de la agencia.

El herbicida glifosato (sustancia activa del Roundup, uno de los herbicidas más vendidos) y los insecticidas diazinón y malatión han sido clasificados como "probablemente cancerígenos para los humanos".

Al mismo tiempo, los insecticidas tetraclorvinfos y paratión han sido designados como "posiblemente cancerígenos para el ser humano" por esta agencia, con sede en la ciudad francesa de Lyon.

Estos dos últimos productos entraron en el llamado Grupo 2B establecido por la IARC al hallarse "evidencias convincentes" de que esos agentes causaron cáncer a animales de laboratorio.

El tetraclorvinfos está prohibido en la Unión Europea, aunque en EEUU continúa usándose incluso en mascotas, y el uso de paratión está muy restringido desde los años 80 del pasado siglo.

El insecticida malatión, por su parte, ingresó en el Grupo 2A por las "evidencias limitadas" de que produciría linfoma no-Hodgkin y cáncer de próstata en humanos, según recogen estudios realizados en agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia publicados desde 2001.

Este agente se usa en la agricultura y se produce en grandes cantidades en todo el mundo, aunque la exposición de la población es baja y sucede principalmente en residencias cercanas a áreas en las que se ha utilizado.

El diazinón es "probablemente cancerígeno" al haber "evidencia limitada" de su relación con la aparición de linfoma no-Hodgkin y cáncer de pulmón en quienes se han visto expuestos a él, según estudios realizados en EEUU y Canadá.

Existe una "fuerte evidencia" de que el diazinón indujo daños sobre el ADN o sobre los cromosomas.

Se ha utilizado normalmente en agricultura y para el control de insectos caseros y de jardín, aunque su volumen de producción es relativamente bajo, especialmente después de las restricciones que entraron en vigor en 2006 en EEUU y la UE.

Sobre el herbicida glifosato hay "evidencia limitada" de que puede producir linfoma no-Hodgkin en seres humanos, y hay pruebas "convincentes" de que puede causar cáncer en animales de laboratorio.

Este último tiene el mayor volumen de producción global de todos los herbicidas, y se utiliza sobre todo en la agricultura.

Su uso se ha disparado a partir del desarrollo de cosechas modificadas genéticamente para hacerlas precisamente resistentes al uso de este agente. EFE

De eso no se habla....El de los transgénicos es un tema silenciado en la sociedad

Claudio Martínez es biólogo, docente, académico, científico. Fotografía hecha en uno de los laboratorios de la Facultad de Ciencias. Foto: JUANJO CASTEL

El de los transgénicos es un tema silenciado en la sociedad, dijo a Brecha Claudio Martínez Debat, doctor en biología molecular y celular y docente en la sección bioquímica del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias. No hablan de él los medios de comunicación, ni las instancias de regulación ni la comunidad científica. Y no está en la agenda de ningún gran partido a pesar de ser un asunto de primera importancia que tiene que ver con algo tan esencial como los alimentos que consumimos.

Transgénicos, agrotóxicos, bioseguridad

—¿Por qué el silencio?

—Lo que pasa es que los organismos genéticamente modificados forman parte de un modelo que se aplica mejor si no hay discusión.
Es un asunto con muchas aristas. La que cito siempre en primer lugar es la económico-política, que tiene una base geopolítica: a cada lugar del mundo se le ha asignado desde los centros de poder un papel, una función en materia de producción de insumos, de commodities. Y a nosotros nos ha tocado ser parte de la república sojera del Sur.

Está luego la arista científica. De ahí surge el modelo, de las investigaciones científicas, pero en realidad es un nivel sin poder real de decisión. Quienes toman las decisiones son las grandes empresas biotecnológicas, a las cuales no les interesa discutir sobre la seguridad de los productos que generan, como tampoco les interesa hacerlo a los científicos que trabajan para ellas. Las otras aristas son la de la salud, la cultural, la medioambiental, la bioética…

—¿Hay gente trabajando en el tema en Uruguay?

—No mucha. Y menos aun desde un punto de vista independiente. Aquí en la Facultad de Ciencias hay dos grupos. Puede haber otro en Agronomía, y en el inia, pero en este caso no se trata de científicos independientes sino de gente que cree en el modelo. Tal vez no crean tanto en las compañías trasnacionales, pero ahí tendrán un problema, porque cuando logren un producto patentable, ¿quién les va a comprar la patente? ¿Hasta dónde uno es independiente al desarrollar un transgénico, vistas las enormes presiones que reciben de las grandes empresas?

Después estamos los científicos que abordamos el tema desde otra óptica. En mi caso particular lo abordo desde dos aspectos: uno es el de la materia prima y el otro el de la alimentación. En ambos casos lo he hecho a partir de demandas de la sociedad civil, de asociaciones que se nos acercaron con preocupaciones. Yo estaba trabajando en otro tema, cuando tomé contacto por primera vez con éste y encontré oportunidad de desarrollar experiencias en laboratorio. Fue cuando un grupo de productores orgánicos de maíz llegó a la facultad preocupado por saber si sus cultivos estaban siendo contaminados por el maíz transgénico. Las empresas semilleras les decían que no, les aseguraban que es perfectamente posible la coexistencia entre las dos producciones, la orgánica y la modificada genéticamente, y nosotros terminamos demostrando que no es así. Uruguay es un país muy ventoso, lo que facilita la difusión de las semillas trans por todos lados, pero en realidad el modelo de coexistencia regulada está en crisis en el conjunto del planeta. Y obviamente a las grandes compañías semilleras no les interesa en lo más mínimo si se da o no contaminación. ¿Por qué les interesaría? Paralelamente, los organismos estatales de regulación, a los que el tema debería sí importarles, se ven desbordados y reaccionan haciendo la del avestruz o pura y simplemente con inopia. El resultado de todo esto es que no hay herramientas para impedir la contaminación de la producción orgánica por la transgénica: se ha encontrado maíz modificado hasta en la Quebrada de los Cuervos, por intercambio de semillas. Y eso sucede también porque las empresas venden las semillas transgénicas sin etiquetado claro, lo que hace que un productor del Uruguay profundo no sepa con seguridad si la semilla que compró está o no genéticamente modificada: le pueden llegar a decir que no lo es, y sí lo es.

—Decías que en tu laboratorio trabajaban también sobre los alimentos.

—Sí, y es el aspecto en el que estamos actualmente más concentrados.
En 2008 vinieron a la facultad un grupo de asociaciones interesadas en saber si la polenta consumida en Uruguay tenía componentes transgénicos. Nos contactamos entonces con la división Salud de la Intendencia de Montevideo, que nos entregó un muestreo de 20 polentas, todas codificadas, sin que aparecieran las marcas. Cuando las analizamos en laboratorio, vimos que todas (pudimos extraerle el adn a 18) tenían componentes transgénicos. A partir de ahí empezamos a buscar transgénicos en otros alimentos, como quesos de cabra, hamburguesas de carne, snacks, cereales para el desayuno. En los quesos de cabra encontramos que el almidón de maíz es Bt, en los panchos y hamburguesas aparecieron adiciones con pasta de soja RR. También encontramos maíz transgénico Bt en los snacks y en los cereales.
Una cosa interesante: estas experiencias nos permitieron ir desarrollando recursos humanos de grado y de posgrado y afianzando infraestructura en esta materia, algo a lo que yo le doy especial prioridad. Y lo hicimos en colaboración estrecha con la división Salud de la Intendencia de Montevideo, que el año pasado concretó una fuerte inversión en aparatos de última generación para analizar la presencia de transgénicos en alimentos (véase recuadro).

—¿Notás una mayor sensibilidad respecto al tema en los últimos años en la Universidad?

—Sí. Una evolución positiva de los últimos años es que en la Udelar se ha ido extendiendo la preocupación por generar un debate. A nivel de rectorado y de pro rectorados (investigación, extensión, enseñanza) hay gente sensible al tema y hemos recibido apoyo. El problema es que la Universidad carece de recursos económicos suficientes.

Por otro lado, hemos ido generando un núcleo interdisciplinario interesado en los temas de transgénicos y bioseguridad. Allí hay gente de diversas facultades (Medicina, Química, Ciencias, Agronomía, Nutrición, Derecho), del Clemente Estable y de la sociedad civil.

Los científicos que estamos en este núcleo damos la cara, en el sentido de que nos interesa que haya un debate. Las compañías y algunos organismos reguladores, el poder político también en muchos casos, sostienen que los transgénicos son seguros desde el punto de vista sanitario y nosotros preguntamos de dónde sacan eso. La mayoría de las veces lo sacan de los estudios realizados por los científicos que trabajan para las propias compañías. Y resulta que hay otros experimentos, sobre animales, que van en sentido contrario. Los transgénicos, además, no vienen solos, vienen con un paquete asociado de productos agrotóxicos que nos preocupan sobremanera: sabemos de muchísimos casos de contaminación por fumigaciones con esos productos y sabemos igualmente que una parte de esos agrotóxicos quedan en el grano.

Este es un tema muy polarizado en el que muchos prefieren no intervenir. Los que están a favor no se pronuncian o lo hacen a través del gobierno.

Organizan debates, pero invitan a gente que tiene apoyos en las grandes compañías del sector, y el contenido de sus cursos está basado en una ciencia perimida, en la que se respaldan las propias trasnacionales para sacar sus productos.

—¿A qué te referís cuando decís que se basan en una “ciencia perimida”?

—La biología ha avanzado enormemente en los últimos años, al punto que las grandes verdades que dábamos en el salón de clases ya no las podemos sostener. Vos no podés aplicar un modelo como éste sin tener en cuenta que opera con interacciones complejas, en un contexto en el que cada componente incide en el otro. A mí no me pueden venir con un discurso del tipo: “introduje un gen en una planta y lo único distinto en la planta es ese gen y el resto es igual”. Es una mentira enorme. Las técnicas modernas consideran a la planta como un todo y la relacionan con el entorno en el que se desarrolla. En este caso no se la puede analizar sin tener en cuenta que vive en un entorno sometido a una alta presión de pesticidas, en el que sufre un cambio mucho mayor que la mera introducción de un segmento de adn. Cómo impacta ese cambio en la salud del consumidor es lo que no se sabe aún porque no hay demasiados estudios al respecto.

—¿La Universidad participa en alguna instancia de evaluación estatal de los productos transgénicos?

—Durante tres-cuatro años intervino en el Comité de Articulación Interinstitucional (cai), junto al msp, el latu, la Dinase, el Clemente Estable, entre otros. Pero hace dos años nos retiramos porque nuestro malestar era creciente respecto a su forma de funcionamiento. El cai no es vinculante, se puede opinar pero nada más. Reclamamos que la opinión de la Universidad fuera pública, cosa que no lo era. También que el Estado apoyara el trabajo en estos temas, y el trabajo sigue siendo honorario, lleva mucho tiempo y es como jugar con la cancha flechada, con el aditivo de que desde el punto de vista personal y profesional es muy frustrante.

Nuestra estrategia actual es fortalecer dentro de la Udelar un equipo interdisciplinario sobre bioseguridad, transgénicos y paquete asociado para luego eventualmente volver al cai bajo otras reglas del juego.

El sistema de evaluación, además, tiene una debilidad fundamental: se nos pedía que analizáramos la planta transgénica aislada del paquete tecnológico. Y al paquete tecnológico se lo dejaba de lado.

Lo que nosotros queremos es que se hable, que no se maneje el tema con la ley del silencio. A nivel científico, Uruguay tiene la oportunidad de generar toda la estructura necesaria alrededor del tema. Podemos ser referentes en la región montando laboratorios para analizar transgénicos en alimentos, en las semillas, cómo se comportan en el campo. Cuando se va a aprobar un transgénico y las compañías nos ofrecen un dossier deberíamos ser capaces de replicar esas pruebas: ¿es realmente como dicen las empresas? En Estados Unidos no hacen esos estudios y en otros lugares dicen: “como se aprobó en tal lado, también acá”. Tenemos una enorme oportunidad de distinguirnos y ya contamos con los recursos humanos necesarios.

—Cuando hablabas de investigaciones preocupantes sobre transgénicos, ¿te referías por ejemplo a las que llevó a cabo el francés Gilles Seralini?1

—Sí, a las de Seralini y a las del argentino Andrés Carrasco,2 entre otras. A Seralini se lo puede criticar por la espectacularidad mediática con que se movió, por el hecho de ser muy personalista, tal vez por alguna de sus conclusiones, pero el suyo fue un trabajo serio, llevado a cabo con los mismos protocolos que emplean los laboratorios de las grandes compañías, y fue el primero desarrollado a largo plazo. De su investigación se desprende que el consumo de transgénicos produce en las ratas envejecimiento acelerado prematuro, con lo cual los tumores que él ve aparecen más prontamente porque el glifosato, el herbicida asociado al transgénico, es un veneno potente. Se nos hizo pensar durante años que el glifosato era inocuo –yo mismo me tragué la pastilla–, hasta que Andrés Carrasco nos abrió los ojos con sus investigaciones. No sólo el glifosato, sino también los coadyuvantes que hacen que el glifosato entre a la planta y los productos de degradación del glifosato. Todos son recontratóxicos.

La campaña de desprestigio a la que fueron sometidos tanto Seralini como Carrasco por parte de las empresas fue tremenda.

Las denuncias sobre las presiones a científicos independientes que han llegado a conclusiones cuestionadoras del modelo han aparecido hasta en publicaciones académicas muy poco sospechosas de estar contra los modelos de gran producción. Es terrible lo que les ha sucedido: en Estados Unidos en su gran mayoría han sido obligados a cambiar de tema o a abandonar la ciencia.

Carrasco decía que estamos en un momento en que los científicos nos vemos obligados a demostrar la realidad en el laboratorio, cuando la realidad está ahí pero nadie la quiere ver.

—¿Y acá qué sucede? Sería raro que no hubiera presiones…

—No las conozco a un nivel tan grande. Estamos esperando el marronazo, sobre todo de parte de las empresas.

1. Véase Brecha, 28-IX-12.
2. Véase Brecha, 16-V-14.

El gran paso adelante

Martínez Debat contó a Brecha que uno de los principales avances que se han producido hasta ahora en materia de bioseguridad en Uruguay se dio a nivel municipal, en la capital.

Tiempo atrás, dijo, el núcleo interdisciplinario formado en torno a científicos de la Udelar y del Clemente Estable y organizaciones sociales presentó a la Comisión de Salud del Parlamento un proyecto de ley tendiente fundamentalmente a estipular el etiquetado obligatorio de los productos con contenido transgénico. “Quedó encajonado, pero aprovechamos la bolada y lo llevamos a la Intendencia, que ya había comenzado a aplicar su plan de alimentación saludable. La División Salud recogió el guante y aprobó una resolución realmente muy importante por la cual a partir del 1 de enero de 2015 los alimentos que contengan más de 1 por ciento de transgénicos y se comercialicen en Montevideo deberán estar etiquetados. Es una resolución de alcance municipal, pero como la Intendencia de Montevideo es la referente a nivel bromatológico en el conjunto del país es probable que al menos algunas intendencias del Interior la adopten.”


Seminario en cancillería

“Como parte de la movida del grupo interdisciplinario tratamos de encontrar oportunidades de crecer académicamente. Yo tengo una buena relación con la unam de México en análisis de cultivos y alimentos, y a partir de esa colaboración nos pusimos en contacto con académicos noruegos que a su vez tienen una pata de cooperación con Brasil, donde biólogos uruguayos hemos ido a formarnos en bioseguridad. Gracias a la acción pertinaz de cancillería, que en estos temas nos ha dado un apoyo irrestricto, logramos que esta vez el curso se haga en Montevideo, con presencia de un equipo de seis noruegos, que son de primer nivel y abordan el tema desde una mirada holística. Será una buena oportunidad para formar a la gente que está en gestión de riesgos en bioseguridad con una visión distinta a la que se les pretende ofrecer siempre.” n

(El seminario se desarrollará hasta hoy viernes en cancillería. Habrá otro, organizado por Slow Food, y sobre etiquetado de alimentos transgénicos, el viernes 12, en el Centro Cultural de España.)

Principio de precaución

“En lo personal prefiero no comer transgénicos, aun cuando sé que los estoy comiendo de todas maneras. La principal razón es que no se ha demostrado que sean seguros, y hay motivos serios para dudar de que lo sean. Las plantas trans vienen, para peor, con el herbicida asociado, al cual también me lo estoy comiendo y no tengo por qué hacerlo. Sólo un dato: cada vez hay más enfermedades crónicas no trasmisibles, y esa expansión coincide con la aparición de transgénicos en la dieta.
Por otra parte es una tremenda mentira que los transgénicos solucionen el hambre en el mundo, cuando éste, básicamente, es un problema de distribución. Si se hiciera una distribución racional de la tierra, con un plan de manejo sustentable, la realidad sería muy otra y la ingeniería genética bien podría colaborar con esto. Quienes defienden la producción transgénica por su mayor rendimiento que la tradicional, no sólo no tienen en cuenta que eso es verdad solamente a corto plazo sino sus costos asociados, ambientales y sociales. Y el modelo transgénico es como una topadora que arrasa con todo, de la mano de las grandes empresas, que son las únicas capaces de patentar un desarrollo biotecnológico por el dinero que se requiere para ello. Hoy los estados compran el paquete a las trasnacionales, porque no tienen fondos suficientes como para invertir a largo plazo.”

Informe extraído de Semanario BRECHA 

Detectado el herbicida más utilizado del mundo en la leche materna de mujeres estadounidenses

por Sustainable Pulse

• Estudio piloto revela acumulación del herbicida glifosato en el organismo de las madres
• Los análisis de orina muestran niveles de glifosato más de diez veces superiores a los de Europa
• Las pruebas iniciales demuestran que Monsanto y los organismos reguladores mundiales están equivocados con respecto a la bioacumulación del glifosato, lo que suscita serias preocupaciones sobre la salud pública.
• Los coordinadores del estudio instan al USDA y la EPA a prohibir de manera provisional el uso de todos los herbicidas a base de glifosato, con el fin de proteger la salud pública, hasta que se hayan realizado pruebas independientes más exhaustivas del glifosato en la leche materna.

En el primer estudio sobre el herbicida glifosato en la leche materna realizado con mujeres estadounidenses, los grupos Moms Across America y Sustainable Pulse han encontrado niveles “altos” en 3 de las 10 muestras analizadas. Los sorprendentes resultados indican un aumento de los niveles de glifosato en el organismo de las mujeres con el paso del tiempo, hecho que hasta ahora ha sido rechazado por las autoridades reguladoras mundiales y la industria de la biotecnología.

Los herbicidas que contienen glifosato, con marcas comerciales como “Roundup” de Monsanto, son los más vendidos del mundo. En 2013, el índice de ventas del Roundup de Monsanto aumentó un 73 %, alcanzando los 371 millones de dólares, debido a su creciente uso en cultivos genéticamente modificados (cultivos transgénicos).

De un total de 10 muestras proporcionadas por madres desde distintos puntos de EE. UU., se observaron niveles detectables de glifosato en la leche materna de 3 de ellas. El nivel más alto de glifosato se detectó en una madre de Florida (166 ug/l), y los otros dos resultados “positivos” se dieron en Virginia (76 ug/l) y Oregón (99 ug/l).

Los niveles de entre 76 ug/l y 166 ug/l encontrados en la leche materna son de 760 a 1.600 veces superiores a lo permitido por la Directiva europea sobre agua potable para cada plaguicida. Sin embargo, están por debajo del nivel de 700 ug/l establecido para el glifosato en los niveles máximos de contaminantes (MCL) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) estadounidense a partir de la premisa aparentemente falsa de que esta sustancia no es bioacumulable.

Tanto Monsanto como los organismos reguladores de todo el mundo han basado su normativa en el supuesto de que el glifosato no es bioacumulable. Dan Goldstein, científico superior de Monsanto, llegó a afirmar recientemente: “En caso de ingestión, el glifosato se excreta rápidamente; no se acumula en la grasa ni en los tejidos y el cuerpo no lo metaboliza, sino que es eliminado a través de la orina sin sufrir ningún cambio.”

En el estudio sobre el glifosato, coordinado por Moms Across America y Sustainable Pulse, se analizaron también 35 muestras de orina y 21 muestras de agua potable a través de EE. UU., observándose niveles en orina 10 veces superiores a los detectados en un estudio similar realizado en la UE por Amigos de la Tierra Europa (2013).

Las pruebas iniciales realizadas en los laboratorios Microbe Inotech Labs de San Luis, Misuri, no pretenden ser un estudio científico completo. Su objetivo es estimular e incitar a organismos reguladores y científicos independientes de todo el mundo a realizar estudios exhaustivos revisados por pares sobre el glifosato.

Zen Honeycutt, directora y fundadora de Moms Across America, declaró el lunes: “Cuando, hace más de un año, varios médicos y laboratorios me dijeron que no era posible analizar mi orina o la de mis hijos para detectar el herbicida más utilizado del mundo, me propuse encontrar la manera.”

El director de Sustainable Pulse, Henry Rowlands ha declarado: “Los gobiernos y organismos reguladores de todo el mundo deben actuar rápidamente y prohibir todos los herbicidas a base de glifosato como medida provisional, mientras llevan a cabo nuevas pruebas a largo plazo junto con científicos independientes. Solo así podrán recuperar la confianza y proteger la salud de las madres, los niños y la población en su conjunto.”

Puede consultar el comunicado de prensa completo, con declaraciones de madres y científicos de todo el mundo aquí: http://sustainablepulse.com/2014/04/06/worlds-number-1-herbicide-discovered-u-s-mothers-breast-milk/

Para acceder al informe completo con los resultados de las pruebas, visite:http://www.momsacrossamerica.com/glyphosate_testing_results 

Plaguicidas en la leche materna

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina realizó un estudio a madres que habían dado a luz en las maternidades del área metropolitana de Buenos Aires (Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de la Ciudad de Buenos Aires, Hospital Posadas de Haedo y Maternidad Santa Rosa de Vicente López). Encontró niveles de plaguicidas en la leche materna un 15% superior a los autorizados en el Código Alimentario Argentino. Estos residuos, además de alterar la calidad nutricional de la leche, causan trastornos en la salud y el desarrollo de los bebés.

La investigadora Patricia Gatti, integrante de INTI-Lácteos, explicó que “en los últimos años hemos encarado diversos estudios relacionados con la presencia de compuestos pesticidas órganoclorados en la leche materna, muestreando la leche de distintas madres en etapa de amamantamiento”. “Los trabajos han arrojado la presencia de estos residuos. Pero la frecuencia de aparición y su concentración depende de la población de estudio, que no fue la misma en todos los casos, y el grado de exposición a los agrotóxicos”.

Gatti indicó que “la mayoría de las pacientes, incluso las de la maternidad Sardá, provenían del Conurbano. En las salas de Vicente López y Haedo es donde se observó una tasa de prevalencia del orden del 15%”. Esto significa que los niveles eran superiores en las mujeres que residen en la periferia porque están más expuestas a los tratamientos químicos de los campos de soja transgénica.

¿Por qué la leche materna contiene residuos de plaguicidas? Habitualmente llegan a nuestro cuerpo a través de la ingesta de agua contaminada con estos productos, pero también por el consumo de frutas y verduras tratadas con abonos químicos, herbicidas, insecticidas y otros plaguicidas, quedando residuos tóxicos en los alimentos que no se van lavando o pelando las frutas y hortalizas.

Los agrotóxicos se utilizan en dosis cada vez mayores en la agricultura y ganadería, pero también para combatir las malezas de las cunetas, en los jardines, en el tratamiento de los parásitos de nuestras mascotas y de piojos en nuestr@s niñ@s, etc.

Los agrotóxicos pasan al organismo humano en la ingesta, pero también por contacto a través de la piel en un ambiente cada vez más contaminado. La campaña “Los agrotóxicos matan” impulsada por la Coordinadora de organizaciones campesinas de Latinoamérica y el Caribe (CLOC), está mostrando los daños que estos productos provocan en la salud de la población rural por las fumigaciones con avionetas sobre los campos transgénicos de soja. Los plaguicidas penetran en la piel y se acumulan en los tejidos grasos. En la lactancia materna se moviliza la grasa del cuerpo de la madre y con ella, se liberan estos tóxicos en la leche materna.

Los pesticidas organoclorados se usan para controlar insectos y plagas. Pero no hay que olvidar que son disruptores endocrinos, es decir que, incluso en dosis muy bajas, pueden alterar nuestro sistema endocrino y hormonal, siendo especialmente dañinos en los bebes. Los científicos que investigan los efectos de estos tóxicos en la salud humana informan que la contaminación de la leche materna por plaguicidas constituye un riesgo para la salud del feto y el recién nacido provocando problemas en su desarrollo corporal, hormonal e intelectual, pudiendo comprometer cuando sea adulto, tanto su salud como su vida sexual. Los organoclorados también dificultan el desarrollo normal del sistema inmunitario reduciendo la capacidad del organismo para enfrentarse a tumores en la infancia y la vida adulta.

Las mujeres somos especialmente vulnerables a los disruptores endocrinos, no sólo cuando somos madres. Nuestro cuerpo, con una proporción mayor de grasa que los hombres, tiene mayor riesgo de absorber pesticidas organoclorados que se alojan en la grasa al ser liposolubles. Las mujeres del Movimiento Campesino Santiago del Estero (MOCASE) se movilizan para parar los agrotóxicos en Argentina.

Los piensos que alimentan la ganadería industrial que nos proporciona abundante carne barata, se fabrican con maíz y soja transgénica fumigada con glifosato y cultivada en Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos. El elevado consumo de carne en Europa y España tiene que ver con la alta tasa de plaguicidas encontrada en la leche materna de la periferia urbana bonaerense.

El consumo responsable agroecológico debe contribuir a la desaparición de los transgénicos y los agrotóxicos, lo que significa reducir nuestra compra a la agricultura y ganadería industrial que los sostiene. También a través de la educación alimentaria en la familia y la escuela, impulsando hábitos saludables y eliminando los alimentos basados en la agroquímica, tanto en los comedores escolares como en los hogares. Nuestr@s hij@s nos lo agradecerán.

Pilar Galindo

Tomado de:

http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Salud/Plaguicidas_en_la_leche_materna

Febrero 2014

ABEJAS Y MEDIO AMBIENTE Controlarán agroquímicos para proteger 150 mil colmenas

MONTEVIDEO (Uypress) - Durante el Primer Congreso Binacional Apícola el ministro Tabaré Aguerre anunció que se espera la aprobación de dos leyes sobre regulación de aplicación de agroquímicos y georreferenciación de apiarios.

Aguerre sostuvo que la apicultura debe ser concebida como parte de un sistema y nunca como un rubro o actividad aislada del resto. "En el Uruguay, 15 mil personas viven de forma directa o indirecta de esta práctica, hay más de 3 mil productores y las colmenas rondan las 150 mil. Asimismo, en Rivera se instala el 10 % de estas colmenas y de los apicultores, y seguramente este desarrollo fue asociado al de la forestación", agregó.
Aguerre informó que, en la actual Rendición de Cuentas, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca propuso dos leyes relacionadas con la regulación de las aplicaciones de agroquímicos, asociadas a la norma que exige la georreferenciación de los apiarios (aprobada hace unas semanas). Informó que los 700 aplicadores de agroquímicos deberán verificar -con información disponible en forma electrónica- si se puede o no realizar la aplicación.
"El sistema de control de agroquímicos dialoga con el sistema de georreferenciación de apiarios. Es lo que podemos hacer para acercar las tecnologías de la informática y la comunicación, para compatibilizar dos sistemas", subrayó.
Añadió que la trazabilidad de la miel en el país también existe, lo cual, unido a la georreferenciación de apiarios, al manejo de suelos y al monitoreo de aplicaciones de agroquímicos "es una política pública al servicio de la mejora del conjunto de la sociedad".
"La abeja es el indicador perfecto de la calidad de los ecosistemas y tiene que estar en la visión de un sistema productivo nacional con la misma importancia que tiene que estar la lucha contra la aftosa", culminó el ministro.
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NACIONAL - CIAT Uso de plaguicidas agrícolas causa 260 intoxicaciones al año

Toxicólogos advierten que existe subdiagnóstico y falta regulación

Los plaguicidas han sido señalados como parte responsable del deterioro de la calidad del agua en la cuenca del río Santa Lucía, fuente de agua potable para 1,6 millones de uruguayos. Pero su uso también tiene impactos negativos directos en la salud y constituye un problema que, a juicio de expertos, permanece subdiagnosticado y que necesita de una rápida regulación que proteja a los fumigadores y a sus familias.

El Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) del Hospital de Clínicas recibió 3.700 consultas por posible intoxicación por plaguicidas agrícolas y veterinarios entre 2002 y 2011, según un reciente estudio al que accedió El Observador. De éstas, se confirmaron 2.600 casos.

La directora de la unidad, la especialista en toxicología clínica y salud ocupacional Amalia Laborde, explicó que el resto no pudo ser establecido pero esto no significa que no haya existido la relación. “Lo que más se ve son intoxicaciones agudas (inmediatamente o algunas horas después de la exposición) por pesticidas”, apuntó.

Las estadísticas revelaron pocos casos por intoxicaciones leves o por exposición crónica. Esto hace pensar a los expertos que buena parte de los afectados no es diagnosticado puesto que se asocian los malestares –en particular de índole cutánea, respiratoria y digestiva– a otros padecimientos.

Los productos químicos que causaron más problemas de salud fueron los insecticidas de uso agrícola, los ectoparasiticidas de uso veterinario (para ganado) y los herbicidas.

En el período se registraron 50 muertes pero aquí no se incluyen aquellos que fallecieron sin consultar al CIAT y que murieron como consecuencia de los pesticidas.

De acuerdo a los datos proporcionados por Laborde y su colega Javier Mallet, la circunstancia de intoxicación más frecuente es la involuntaria, en particular, durante las aplicaciones laborales sobre cultivos o sobre el ganado. “El trabajador agrícola es muy vulnerable. Se expone de a 10 a 15 plaguicidas al año y no todas las empresas cumplen con la reglamentación de protección”, expresó la especialista. Detrás vienen los casos accidentales –que tienen a los niños como protagonistas– y los intentos de suicidio.

La media de edad de pacientes se situó en los 33 años, pero la que más se repitió a lo largo de la década examinada fue la de 2 años. Los niños menores de 15 años registraron casi 400 intoxicaciones por plaguicidas: 15% del total. Cuatro perdieron la vida en el período estudiado (ver despiece). Para los expertos esto denota que algunos padres no toman los recaudos para evitar el acceso de sus hijos a las sustancias.

En términos generales, el equipo de investigadores del CIAT no registró un aumento de las intoxicaciones, sino que se han mantenido estables en un nivel considerado alto. La tasa de intoxicación por plaguicidas cada 100.000 habitantes por año es de 7,6 personas. Esto ha ocurrido a pesar del aumento “exponencial” de las importaciones de plaguicidas. En 2002 ingresaron al país un poco más de 5.000 toneladas. En 2011 lo hicieron 15.000.

La hipótesis de los especialistas es que, si bien se ha ampliado su uso, no subió el número de trabajadores expuestos a las sustancias, debido a la presencia de empresas aplicadoras, cuyos empleados reciben capacitación para cumplir la tarea.

Una particularidad del período es que sí aumentaron las intoxicaciones por herbicidas. Este dato se corresponde a la expansión de la soja en el país. En 2011 se registraron alrededor de 60 casos. El producto más utilizado en este espectro es el temido glifosato.

La tasa de intoxicaciones laborales más alta la ostenta Treinta y Tres con 7,3 casos cada 100.000 habitantes por año.

Cuestión de supervivencia
Una investigación del año 2007 llevada a cabo en Canelones afirmaba que más del 90% de los aplicadores no usaban protección o usan protección inadecuada. Ésta es una realidad pero Laborde sostuvo que no debe implicar un mensaje culpabilizador.

Por tratarse de una actividad al aire libre no hay muchas posibilidades para establecer medidas ambientales que protejan al trabajador. Y, además, hay que tener en cuenta que éste puede ejercer la tarea en condiciones no deseables.

Mallet indicó que el 14% de los trabajadores intoxicados del período no pudo informar cuál había sido el plaguicida que había manipulado horas antes y, por ende, el diagnóstico se torna más complicado puesto que existen más de 300 sustancias químicas diferentes de uso agrícola o veterinario.

Por ejemplo, es frecuente que realice la fumigación en largas jornadas en días muy calurosos cuando los plaguicidas se evaporan mucho más, al tiempo que aumenta la frecuencia respiratoria y la transpiración.

“En verano ningún trabajador puede fisiológicamente tolerar durante muchas horas un equipo de ropa impermeable (y la máscara) porque el manejo corporal del calor es a través de la evaporación cutánea y, si yo se la quito, le quito la posibilidad de controlar el calor. Eso hace que el trabajador se saque la ropa impermeable porque es un tema de supervivencia. No es un tema de capricho ni de falta de formación o que no tengan inteligencia. Es un tema de supervivencia. No lo puede tolerar”, enfatizó Laborde.

Una estrategia posible, según planteó, es que se establezcan horarios de descanso y que no se realice la tarea en las horas de más calor.

Para mitigar los efectos de la exposición crónica, la medida más eficaz que señalaron los expertos es el baño inmediato puesto que la piel es la vía de ingreso de plaguicidas al organismo. Parece fácil pero, en realidad, no lo es en grandes terrenos y en jornadas extenuantes. “Acercar el agua, acortar los tiempos para un baño y cambio de ropa es el camino que hay que recorrer. Y, además, protege a la familia”, dijo la toxicóloga.

Fuente:OBSERVADOR