Ingeniera plantea que la norma se debe actualizar en base a datos más precisos
Uruguay pertenece a una de las regiones de mayor generación de ciclones del hemisferio sur. De hecho, en los últimos cinco años, 65 eventos de viento extremo produjeron daños millonarios en el país. Sin embargo, la normativa que regula la construcción en el territorio nacional no contempla este peligro y se basa en datos de 40 años atrás para edificios de un máximo de cuatro pisos.
De esos eventos de viento extremo, al menos dos fueron ciclones extratropicales con ráfagas de entre 97 y 117 kilómetros por hora, que afectaron a cerca de la tercera parte del territorio.
La gran mayoría de esas tormentas correspondió a la ocurrencia de “eventos convectivos severos”, es decir, tormentas acompañadas de granizo, chaparrones intensos y ráfagas violentas. Sin embargo, no son tenidos en cuenta por las normas que rigen los sistemas de cálculo para la construcción, señaló la ingeniera de la Universidad de la República (Udelar), Valeria Durañona.
Desde hace años la profesional viene trabajando en una investigación que le dará el título de doctora por la Universidad de Birmingham (Reino Unido) y Udelar bajo la tutoría de Christopher Baker, un referente en la ingeniería del viento.
“Los vientos extremos representan un riesgo para la integridad física de la población, ponen en riesgo sus vidas, producen pérdidas y daños materiales a sus propiedades e infraestructura crítica e impactan sectores como el agronómico, de la energía, seguros y construcción del país”, señaló Durañona en su investigación.
La experta estudió una serie de fuentes variadas para poder comenzar a interpretar las características de los eventos convectivos severos en el país. Para ello se basó en datos recabados por la ex Dirección Nacional de Meteorología y artículos de prensa, accedió a información de la red de estaciones automáticas de UTE, así como también a los boletines de 1900 a 1920 del primer Instituto de Meteorología del Uruguay.
Según su investigación, en el período entre los meses de octubre y marzo es cuando estos vientos se producen con mayor potencia. También diferenció las zonas costeras del resto del territorio, dos áreas donde este fenómeno se comporta con características particulares y que, por ende, requieren de diferentes parámetros para la construcción de edificaciones que resistan la violencia natural.
“Este estudio preliminar está indicando que habría una zona en el centro del país donde las velocidades son más altas que en la zona costera”, lo que debería reflejarse en las reglamentaciones de construcción, explicó Durañona a El Observador. A su criterio, estos datos permiten modificar los sistemas de cálculo vigentes para el diseño de construcciones en Uruguay, obligando a que las estructuras sean más resistentes a los vientos fuertes.
Una vieja normativa
La norma que regula los sistemas de cálculos para la edificación es la norma UNIT 50-84, que fue redactada en 1984. Pero está basada en datos recogidos en el período 1906-1970, por lo que la ingeniera plantea que esa legislación debería ser actualizada (ver recuadro).
Pablo Benia, director del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), dijo a El Observador que desde el organismo reconocen la necesidad de modificar la reglamentación vigente.
Agregó que en julio de 2013 envió una carta a los diversos institutos de investigación nacionales pidiéndoles que estudien este tema. Pero por cuestiones burocráticas, las modificaciones se generan solo en base a solicitudes.
No obstante, Benia aseguró que no han “recibido ninguna solicitud formal de revisión de la norma por parte de los actores interesados”. El ingeniero Martín Reina, integrante de la Sociedad de Ingenieros Estructurales de la Asociación de Ingenieros del Uruguay, dijo a El Observador que en lugar de desarrollar una nueva normativa, Uruguay tendría que “unirse a una normativa internacional y solamente desarrollar los aspectos locales”.
“A nivel de la normativa general en seguridad estructural en Uruguay estamos bastante mal porque la normativa uruguaya de hormigón armado (UNIT 1000-50) es incompleta, no trata el tema de hormigón pretensado, que cada vez se usa más en todo lo que es puentes, edificios modernos; no hay normativa uruguaya al respecto, entonces cada proyecto usa la norma que se le ocurra, pero no hay nada unificado”, señaló.
Durañona afirmó que “el país tiene pérdidas económicas que se podrían evitar o mitigar si se conocieran mejor” eventos como los que ha investigado.
La ingeniera agregó que el problema es que para cambiar la norma UNIT 50-84 se necesitan estudios especializados. “Sería muy valioso para generar más información sobre este tema en Uruguay y en la región, especialmente la realización de las mediciones de velocidad del viento y a diferentes alturas, con el fin de desarrollar un modelo que se podría utilizar en los códigos nacionales y regionales de viento”, concluyó la investigadora. (Producción: Leonel Schmidt) l
Un bache en los datos históricos
La normativa UNIT 50-84, que rige la edificación en Uruguay en materia de vientos, fue realizado en base a datos recogidos entre 1906 y 1970 en una estación meteorológica instalada en la rambla sur (antes del puerto), pero el inconveniente que tienen esos datos es que no resultan fiables, explicó la ingeniera Virginia Durañona. La investigadora afirmó que el edificio donde estaba instalado el instrumento para medir la velocidad del viento (anemómetro) tenía una altura de cuatro pisos, o 17 metros. Pero según los registros se tomaron mediciones del viento a 45 metros. “Para alcanzar los 45 metros se debería haber instalado una torre de 28 metros sobre el edificio de 17 pisos”, explicó. Por ese motivo los datos que figuran en la norma “no permiten interpretar con certeza cuáles fueron los parámetros de medida”, indicó.
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