ANDRÉS LÓPEZ REILLY
Tener la música a todo volumen puede generar una multa de $ 2.575 (5 UR). De ahí que a un boliche le convenga más mantener despiertos a sus vecinos que atender sus reclamos. En Montevideo, la contaminación acústica y ambiental paga poco.
"La reglamentación de las sanciones se basa en un decreto de 1967 y en un régimen punitivo de 1984. Es evidente que hay cosas que cambiaron; por eso, un equipo técnico está trabajando en la adecuación de las normas. Está claro que hay sanciones mucho menos dolorosas que la infracción", declaró a El País el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Juan Canessa.
La contaminación acústica pueden derivar en problemas de convivencia; pero con los vertidos irregulares y la disposición inapropiada de residuos, el impacto en el ambiente puede ser irreversible.
Actualmente, la Intendencia puede aplicar una multa máxima de 350 UR ($ 192.500) a las empresas que contaminan, cifra que en general deviene luego de una serie de sanciones menores. Incluso, necesita de la anuencia de la Junta Departamental para aplicar multas superiores a las 70 UR ($ 38.500).
Aunque la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) puede imponer sanciones mayores, el gobierno de la ciudad entiende que necesita un nuevo régimen punitivo para combatir a los contaminadores contumaces.
"Uno de los casos típicos es el de las actividades que generan ruidos molestos. Otro es el de las volquetas, en donde hay empresas irregulares que no hacen vertidos en la usina. También hay camiones de volquetas con chapas del interior que para entrar a la usina necesitan un permiso especial y que vuelcan basura en asentamientos o terrenos", indicó el jerarca.
En días pasados, la Intendencia sancionó al propietario de un terreno en el que se hacen vertidos irregulares. Allí se detectaron desechos de una conocida fábrica de alimentos, que según la comuna, carece de un plan de disposición final de residuos.
Cuando lo ilegal es redituable
En Montevideo no solamente puede ser más conveniente arrojar basura en predios sin permisos y pagar luego la multa a la Intendencia. Algo similar ocurre con la cartelería callejera: la Intendencia sanciona periódicamente a conocidas empresas de publicidad a las que les es más conveniente pagar multas aún infringiendo la ley. En este caso, el costo lo termina pagando el cliente, o es parcialmente amortizado por el publicista ante los beneficios de colocar una publicidad en un lugar visible pero no autorizado.
Otro caso similar es el de las obras de edificios, que muchas veces exceden lo permitido por el Plan de Ordenamiento Territorial. Para algunos constructores es más redituable edificar sin permiso por encima de la tolerancia generando una multa, que incluso termina pagando después el nuevo propietario.
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