MONTEVIDEO, 30 Ene (UYPRESS) – La ley 18.868, en vigor desde el pasado 20 de enero, prohíbe que las empresas exijan pruebas de embarazo en cualquier etapa del proceso de contratación de personal, tanto en la actividad pública como en la privada.
El texto legal señala que las empresas que no cumplan con la norma serán pasibles de sanciones administrativas y multas pecuniarias que serán destinadas a financiar el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo.
El texto de la nueva ley indica en su primer párrafo que “se prohíbe exigir la realización o presentación de test de embarazo o certificación médica de ausencia de estado de gravidez, como requisito para el proceso de selección, ingreso, promoción y permanencia en cualquier cargo o empleo, tanto en la actividad pública como privada.
Asimismo, se prohíbe la exigencia de toda forma de declaración de ausencia de embarazo”.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en su carácter de órgano rector de las políticas de género, detectó que en ocasiones las trabajadoras eran sometidas a test de embarazos o certificados médicos a la hora de postularse.Para revertir esta acción discriminatoria, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) trabajó en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en un proyecto de ley que fue enviado al Parlamento y recibió aprobación por unanimidad el 23 de diciembre de 2011.
Dado que la ley se publicó el 10 de enero de 2012, la ley entró en vigencia para el territorio nacional a partir del 20 de este mes.Como consecuencia, las empresas que durante cualquier momento del proceso del llamado, selección o contratación de personal pretendan verificar que la postulante no está embarazada, serán pasibles de sanciones tanto en forma administrativa como de multas pecuniarias que serán destinadas a financiar el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo.
s.p.
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