El nivel de emisiones de efecto invernadero puede trabar las exportaciones
Magdalena Cabrera
El recorte de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) es una preocupación creciente a nivel mundial, y lo que hoy no es un asunto que inquiete a Uruguay, mañana puede serlo en terrenos tan sensibles como las posibilidades de exportar a determinados mercados.
Se llama huella de carbono a la cuantificación de GEI –medidos en unidades de dióxido de carbono (CO2) equivalente– que emite un producto o servicio durante todo su ciclo de vida, desde la materia prima hasta que se convierte en deshecho. En Europa es habitual que un producto exhiba en su envase la huella de carbono. Este dato se transforma en un elemento más que el consumidor puede tener en cuenta a la hora de adquirir un producto y las empresas se ven obligadas a responder cada vez más eficazmente a esa exigencia reduciendo sus emisiones de GEI.
En 1997 las naciones industrializadas suscribieron el Protocolo de Kioto, que entró en vigencia en 2005. Se comprometieron a reducir al menos un 5% en promedio las emisiones entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990.
Uruguay, un caso atípico
Si bien Uruguay suscribió el acuerdo de Kioto, el hecho de pertenecer al anexo 2 de países en vías de desarrollo, lo exime de un compromiso cuantificado de reducción de emisiones de GEI. “Esto no quiere decir que deba dejar de realizar todos los esfuerzos que estén a su alcance para reducir sus emisiones”, dijo a El Observador Mariana Kasprzyk, asesora de la Unidad de Cambio Climático de la Dirección de Medio Ambiente.
La medición mundial muestra que el 70% de los GEI los produce la generación de energía, el 12% la agricultura y el 18% la forestación. En Uruguay es diferente: el 20% de las emisiones provienen del sector energético y el 80% del agro sin incluir las emisiones por deforestación. Estas cifras condicen con la “estructura productiva del país”, dijo Walter Oyhantçabal, director de la Unidad Agropecuaria de Cambio Climático del Ministerio de Ganadería (MGAP). Oyhantçabal sostuvo que no es justo “estigmatizar” al agro. “La mayor parte de nuestro territorio está dedicado a la producción ganadera, y los vacunos y los ovinos producen gases de elevado efecto invernadero durante la digestión (metano) y con la orina (óxido nitroso). Pero, por otra parte, los rumiantes tienen la gran condición de convertir el pasto en proteína de alto valor para la nutrición (humana), por lo que no se puede prescindir de ellos”, señaló.
Oyhantçabal subrayó que la alta contribución del sector agropecuario a la emisión de GEI se debe a que los otros sectores emiten poco en Uruguay. Ramón Méndez, director nacional de Energía, dijo que las emisiones de GEI desde el sector energético en Uruguay “son unas de las menores del mundo porque el país tiene un fuerte componente de formas de energía no emisoras, como la hidráulica”.
En el mercado internacional
Aún así, la alta emisión de GEI por parte del sector agropecuario inquieta a las autoridades, porque ven en ello un futuro freno a sus exportaciones.
Si bien todavía no existe un acuerdo internacional, los países europeos comienzan a legislar sobre las emisiones. Con la ley Grenelle, que entró a regir el 1 de julio de 2011, Francia estableció que el consumidor debe ser informado, a través del etiquetado, sobre las emisiones de GEI del producto que compre. Además, penaliza con impuestos a las empresas que no cumplan con la reducción. Se estima que en el mediano plazo esto afectará las exportaciones a ese país, ya sea porque las empresas comenzarán a exigir este dato a sus proveedores o porque, al verse perjudicadas con impuestos, aumentarán los costos de producción, lo cual agitará la promoción de barreras arancelarias para proteger a la industria nacional.
“En un futuro próximo pueden empezar a pedirnos información sobre emisiones desde Francia, Reino Unido y Alemania”, dijo Oyhantçabal. No en vano, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, fijó como una de las dos principales líneas estratégicas de su cartera, la adaptación al cambio climático y la huella de carbono. Por eso ya se ha calculado la huella de carbono preliminar de la carne vacuna, la leche y el arroz, y se está trabajando para incorporar la de la carne ovina y frutales.
No obstante, Méndez puso en duda que la situación del sector agropecuario ponga en riesgo las exportaciones uruguayas. “Si mantenemos muy baja nuestra huella de carbono en el sector energético, estamos cubiertos. Es nuestra carta de triunfo a cambio del problema de las vacas”, explicó. En tanto, Oyhantçabal manifestó que resultaría “absurdo” exigir la reducción de las emisiones del sector agropecuario. “Las vacas se comen y la comida se necesita porque en el planeta cada vez hay más habitantes”.
Agregó que “Uruguay no puede frenar su desarrollo y plantearse como meta reducir sus emisiones totales de GEI de origen agropecuario. Pero sí puede reducir la intensidad de las emisiones por unidad de producto obtenido, por ejemplo, por kilo de carne”. A esto apunta el trabajo del MGAP.
Eficiencia y políticas
“La eficiencia es la clave de la contribución del país para mitigar el cambio climático”, según ha fijado el propio ministro, añadió el funcionario. Esa eficiencia se alcanza mejorando la calidad de los productos y de los procesos productivos. “Si un novillo está pronto para llevarlo al frigorífico en dos años en vez de en cinco, disminuimos la emisión, al tiempo que mejoramos el proceso productivo”, afirmó Oyhantçabal. De hecho, el MGAP trabaja ya desde hace algunos años en políticas que contribuyan a cuidar o recuperar la materia orgánica en los suelos y a minimizar la erosión, mediante apoyos financieros y asistencia técnica a los productores.
A partir de 2012 estas políticas iniciarán una nueva etapa con el fin de ayudar a los productores a avanzar en el “manejo sostenible de los recursos naturales y la adaptación al medio climático”, indicó Oyhantçabal.
En 1997 las naciones industrializadas suscribieron el Protocolo de Kioto, que entró en vigencia en 2005. Se comprometieron a reducir al menos un 5% en promedio las emisiones entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990.
Uruguay, un caso atípico
Si bien Uruguay suscribió el acuerdo de Kioto, el hecho de pertenecer al anexo 2 de países en vías de desarrollo, lo exime de un compromiso cuantificado de reducción de emisiones de GEI. “Esto no quiere decir que deba dejar de realizar todos los esfuerzos que estén a su alcance para reducir sus emisiones”, dijo a El Observador Mariana Kasprzyk, asesora de la Unidad de Cambio Climático de la Dirección de Medio Ambiente.
La medición mundial muestra que el 70% de los GEI los produce la generación de energía, el 12% la agricultura y el 18% la forestación. En Uruguay es diferente: el 20% de las emisiones provienen del sector energético y el 80% del agro sin incluir las emisiones por deforestación. Estas cifras condicen con la “estructura productiva del país”, dijo Walter Oyhantçabal, director de la Unidad Agropecuaria de Cambio Climático del Ministerio de Ganadería (MGAP). Oyhantçabal sostuvo que no es justo “estigmatizar” al agro. “La mayor parte de nuestro territorio está dedicado a la producción ganadera, y los vacunos y los ovinos producen gases de elevado efecto invernadero durante la digestión (metano) y con la orina (óxido nitroso). Pero, por otra parte, los rumiantes tienen la gran condición de convertir el pasto en proteína de alto valor para la nutrición (humana), por lo que no se puede prescindir de ellos”, señaló.
Oyhantçabal subrayó que la alta contribución del sector agropecuario a la emisión de GEI se debe a que los otros sectores emiten poco en Uruguay. Ramón Méndez, director nacional de Energía, dijo que las emisiones de GEI desde el sector energético en Uruguay “son unas de las menores del mundo porque el país tiene un fuerte componente de formas de energía no emisoras, como la hidráulica”.
En el mercado internacional
Aún así, la alta emisión de GEI por parte del sector agropecuario inquieta a las autoridades, porque ven en ello un futuro freno a sus exportaciones.
Si bien todavía no existe un acuerdo internacional, los países europeos comienzan a legislar sobre las emisiones. Con la ley Grenelle, que entró a regir el 1 de julio de 2011, Francia estableció que el consumidor debe ser informado, a través del etiquetado, sobre las emisiones de GEI del producto que compre. Además, penaliza con impuestos a las empresas que no cumplan con la reducción. Se estima que en el mediano plazo esto afectará las exportaciones a ese país, ya sea porque las empresas comenzarán a exigir este dato a sus proveedores o porque, al verse perjudicadas con impuestos, aumentarán los costos de producción, lo cual agitará la promoción de barreras arancelarias para proteger a la industria nacional.
“En un futuro próximo pueden empezar a pedirnos información sobre emisiones desde Francia, Reino Unido y Alemania”, dijo Oyhantçabal. No en vano, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, fijó como una de las dos principales líneas estratégicas de su cartera, la adaptación al cambio climático y la huella de carbono. Por eso ya se ha calculado la huella de carbono preliminar de la carne vacuna, la leche y el arroz, y se está trabajando para incorporar la de la carne ovina y frutales.
No obstante, Méndez puso en duda que la situación del sector agropecuario ponga en riesgo las exportaciones uruguayas. “Si mantenemos muy baja nuestra huella de carbono en el sector energético, estamos cubiertos. Es nuestra carta de triunfo a cambio del problema de las vacas”, explicó. En tanto, Oyhantçabal manifestó que resultaría “absurdo” exigir la reducción de las emisiones del sector agropecuario. “Las vacas se comen y la comida se necesita porque en el planeta cada vez hay más habitantes”.
Agregó que “Uruguay no puede frenar su desarrollo y plantearse como meta reducir sus emisiones totales de GEI de origen agropecuario. Pero sí puede reducir la intensidad de las emisiones por unidad de producto obtenido, por ejemplo, por kilo de carne”. A esto apunta el trabajo del MGAP.
Eficiencia y políticas
“La eficiencia es la clave de la contribución del país para mitigar el cambio climático”, según ha fijado el propio ministro, añadió el funcionario. Esa eficiencia se alcanza mejorando la calidad de los productos y de los procesos productivos. “Si un novillo está pronto para llevarlo al frigorífico en dos años en vez de en cinco, disminuimos la emisión, al tiempo que mejoramos el proceso productivo”, afirmó Oyhantçabal. De hecho, el MGAP trabaja ya desde hace algunos años en políticas que contribuyan a cuidar o recuperar la materia orgánica en los suelos y a minimizar la erosión, mediante apoyos financieros y asistencia técnica a los productores.
A partir de 2012 estas políticas iniciarán una nueva etapa con el fin de ayudar a los productores a avanzar en el “manejo sostenible de los recursos naturales y la adaptación al medio climático”, indicó Oyhantçabal.
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