Vigilar, castigar, moldear. Nota sobre la adaptación de los inadaptados

de Alejandro Aicardi, el Viernes, 19 de agosto de 2011 a las 19:18

En mi trabajo con personas en situación de calle he tenido oportunidad de conocer la actividad de algunos colegas cuyos objetivos son la simple adaptación de estas personas, a un sistema, que fue el mismo que los dejó al margen. Las técnicas utilizadas por estos profesionales son: vigilar, castigar (reforzamiento negativo) y moldeamiento (se trata de la manipulación psíquica de una persona para adaptarla, para que encaje en un molde preestablecido). Estas técnicas tenían como principal fundamento la falta de adaptación social y la infantilización de la población objetivo.

Primer punto que quiero tocar, es el de la inadaptación social. Y me pregunto si logramos algo adaptando a estas personas, al sistema, en caso de que sea posible y siendo muy probable que el sistema los vuelva a dejar al margen una vez finalizada la intervención. Entonces se trata de hacer encajar a estas personas en el molde de la clase media, pero sin que lleguen a pertenecer a ella. De esto se trata el moldeamiento.

Pero surge otro problema, al partirse de la base de que se esta trabajando con inadaptados sociales, se debe montar todo un dispositivo de vigilancia, que garantice la seguridad, tanto de los técnicos, como de los otros usuarios del servicio y que sirva para detectar conductas que no se adapten al molde. Entonces cuando se detectan estos comportamientos se aplica un castigo, en lenguaje técnico conductista se trata de un reforzamiento negativo (suspensión del proyecto por unos días, observaciones por escrito son algunos de los ejemplos). O sea es muy parecido a cuando uno pone en penitencia a un hijo.

Entonces lo que yo veo, es que se los trata como a niños y como objetos a ser moldeados. Entonces al tratarlos como niños se refuerza la infantilización, que se dice es la causa de que se use este tipo de técnicas. Y al tratarlos como objetos con métodos represivos se refuerzan los comportamientos asociales, porque los usuarios en un momento u otro terminan por rebelarse ante dicha represión.

Podría interpretarse la supuesta inadaptación social de estas personas como una forma de resistencia pasiva ante un sistema que los dejó fuera. Entonces creo yo a lo que deberíamos apuntar los técnicos que trabajamos con esta población es a un proceso de acompañamiento para ayudarlos a transformar esa resistencia pasiva en resistencia activa. O sea ayudarlos a que puedan encontrar su propio lugar en el mundo, no uno preestablecido, sino el que ellos, con nuestra ayuda logren construir, respetando sus tiempos particulares y no la simple adaptación pasiva y la búsqueda de transformar a las personas en el molde del modelo burgués. Lo ideal seria apuntar a la construcción de salidas colectivas para salir de la situación de desamparo en la que se encuentran. O sea lo que yo propongo es el modelo comunitario, pero no como imposición, sino como acompañamiento en un proceso donde en la práctica misma los usuarios se den cuenta por ellos mismos de las ventajas de este modelo.

60 reclusos cumplieron programa de rehabilitación realizando trabajos comunitarios

MONTEVIDEO, 17 Ago (UYPRESS) – Finalizó en forma exitosa la primera etapa del ‘Proyecto Doble Solidaridad’ que promueve la inclusión de personas privadas de libertad al campo laboral. Entre febrero y mayo de 2011, 60 hombres y mujeres, de Canelones, Rocha y Maldonado, realizaron distintas tareas en la comunidad que oficiaron de preparación para sus próximas salidas.
El Instituto Nacional de Rehabilitación, a partir del trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, desarrolla este proyecto con la participación del Sistema Nacional de Emergencias y las cárceles departamentales.

En el acto participó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi; el secretario general de la Comuna Canaria, Yamandú Orsi; el jefe de Policía del departamento, Herodes Ruiz; el subjefe de esta dependencia, Luis Mendoza y el director del Patronato, Jaime Saavedra.

Esta iniciativa permite que reclusos, previamente seleccionados, realicen tareas comunitarias con el doble propósito de oficiar de preparación educativa y laboral que facilite procesos de reinserción social de personas privadas de libertad. Un ejemplo de ello fue la formación de cuadrillas dedicadas a limpiar predios forestados para prevenir incendios.

El ministro Bonomi explicó que el camino es romper con el ocio que predomina en los centros de reclusión, mediante trabajo, estudio y deporte. El número de puesto de trabajo ha pasado de 8 e 200 desde que asumieron las actuales autoridades del Patronato.

El director del Patronato se refirió al escepticismo reinante al inicio. En su momento se hablaba de los riesgos de sacar a las calles a personas privadas de libertad, sin embargo, Saavedra aseguró que el éxito fue rotundo y citó como ejemplo la experiencia en Maldonado, debido al perfil turístico del departamento.

Los reclusos desempeñaron bien su tarea al punto que los vecinos solicitaron que regresara la misma cuadrilla.


UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias

MINORIDAD INFRACTORA. UNICEF advierte: Uruguay no puede juzgar a los menores como adultos

MONTEVIDEO, 6 Abr (UYPRESS) - UNICEF emitió un comunicado que consigna que cualquier modificar legislación para juzgar a menores de 18 años como adultos, viola los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante la comunidad internacional.

El comunicado señala que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Uruguay en 1990, establece que ningún menor de 18 años puede ser juzgado como un adulto.

Al mismo tiempo critica al actual sistema de privación de libertad para los adolescentes, consignando las fugas, la falta de penas alternativas, la falta de recursos y la adecuación de dicho sistema.

Se incluye a continuación el comunicado oficial de UNICEF:

POSICIÓN DE UNICEF ANTE EL DEBATE PÚBLICO SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY

Montevideo, 6 de abril de 2011

En el marco del debate público sobre seguridad ciudadana y adolescentes en conflicto con la ley, UNICEF entiende pertinente realizar las siguientes puntualizaciones:

Cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a adolescentes menores de 18 años como adultos, se constituirá en una violación a los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante la comunidad internacional.

El 28 de septiembre de 1990 Uruguay ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y, por lo tanto, el Estado se comprometió a adoptar las medidas necesarias para garantizar que las normas fijadas en la Convención se apliquen en el país.

En materia de responsabilidad penal de adolescentes la Convención, en sus artículos 1, 37 y 40, establece claramente que:

- Ningún menor de 18 años puede ser juzgado como un adulto.

- Se establezca una edad mínima por debajo de la cual el Estado renuncia a cualquier tipo de responsabilidad penal.

- Se implemente en el país un sistema de responsabilidad penal específico para los menores de edad, que garantice la presunción de inocencia y el debido proceso legal y que establezca penas diferenciadas, donde la privación de libertad se utilice tan sólo como medida de último recurso.

El parlamento uruguayo, en cumplimiento de las obligaciones contraídas, aprobó en el año 2004 la ley número 17.823 – Código de la Niñez y la Adolescencia – que avanza en la adecuación de la normativa nacional a la Convención. En particular, en materia penal, el Código establece un sistema específico para adolescentes entre 13 y 18 años de edad (artículos 69 al 116). Es importante señalar entonces que, pese a la creencia de diferentes sectores de la opinión pública, en Uruguay los adolescentes no son impunes.

COMUNICADO DE PRENSA

Respecto a la implementación del Código, y en particular sobre el funcionamiento del sistema penal de adolescentes, se evidencian importantes dificultades:

En primer lugar, hay consenso entre múltiples actores sobre las inaceptables condiciones en las cuales los adolescentes cumplen la privación de libertad. Esta situación, sumada al significativo número de fugas, alimenta la percepción de impunidad en parte de la opinión pública.

En segundo lugar, se constata una utilización aún limitada de las penas alternativas a la privación de libertad y la necesidad de fortalecerlas para que este tipo de sanciones sean una opción válida y eficiente.

En tercer lugar, se identifica la necesidad de avanzar en la especialización del sistema de justicia penal de adolescentes, a través de la asignación adecuada de recursos y la profundización de la capacitación de los operadores.

En cuarto lugar, la situación de los adolescentes en contacto con el sistema penal juvenil evidencia fallas previas en las políticas públicas del país. Para que el número de potenciales “clientes” del sistema penal se ubique en una dimensión cuantitativa razonable, es necesario reforzar aquellas políticas que tienen como objetivo la promoción de los derechos sociales, económicos y culturales.

Por último, UNICEF reitera su compromiso de continuar apoyando el trabajo del país y a sus autoridades, para asegurar el cumplimiento de todos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del Uruguay.

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias